Presión a caseros: estrategia Trump presiona a arrendadores
Por Carlos Rodríguez ·
A partir de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a enviar citaciones administrativas (subpoenas) a propietarios para que entreguen datos de sus inquilinos: contratos de arrendamiento, solicitudes, identificaciones y nombres de convivientes Estas citaciones, emitidas por la unidad antifraude de USCIS, no están firmadas por un juez, pero amenazan con sanciones si no se cumple.
Abogados en Atlanta y Massachusetts han denunciado este nuevo enfoque: el letrado Eric Teusink confirmó haber recibido varias citaciones, y Jordana Roubicek Greenman reportó llamadas y mensajes a arrendadores pidiendo información de inquilinos.
¿Por qué preocupa?
La ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y defensores de derechos civiles advierten que estas solicitudes no son vinculantes sin orden judicial.
Pero los caseros podrían sentirse obligados por la intimidación.
[pullquote quote=»Estas citaciones no están firmadas por un juez» cite=»QuéOnnda.com»]
Bill Holston, del Centro de Defensa contra los Desalojos en Dallas, señala que esto agravará la discriminación por origen nacional.
Llevando a algunos arrendadores a rechazar inquilinos o cobrar tarifas adicionales.
Además, se advierte que la presión del DHS busca crear “un clima de miedo” que incentive la autodeportación de migrantes indocumentados.
Arrendadores e inquilinos
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Arrendadores: Revisar con detalle cualquier citación, consultar a un abogado y no compartir datos si no hay orden judicial.
Inquilinos: Están amparados por derechos de privacidad y antidiscriminación.
Deben documentar cualquier solicitud y buscar asesoría legal o denunciar ante la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).
Grupos de apoyo: Organizaciones comunitarias ofrecen orientación para proteger a inquilinos vulnerables ante las presiones del DHS.
A manera de conclusión
Esta maniobra del DHS, sin respaldo judicial, representa una amenaza real al derecho a la privacidad de los inquilinos y facilita prácticas discriminatorias.
Caseros e inquilinos deben conocer sus derechos y buscar asesoría legal para evitar abuso y proteger a las comunidades migrantes.
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